México le pone fin a las «terapias de conversión» y las sanciona con penas cárcel

Un terapeuta mantuvo arrodillada tres horas a Jazz Bustamante para obligarla a que «renunciara a la homosexualidad» durante una terapia de conversión sexual, práctica que ahora es castigada con cárcel en Ciudad de México.

«(Me dijo que) estaba a tiempo de cambiar mi vida y que él, haciendo referencia a Dios, me sanaría», cuenta a la AFP Bustamante, una mujer transgénero de 29 años, sobre lo que entonces le presentaron como un «retiro espiritual».

Bustamante llegó a la sesión en el estado de Veracruz a los 21 años, motivada por llevar una vida espiritual. Pero en medio de alabanzas cristianas, en unas cabañas vacacionales, asegura que fue insultada y humillada. 

«La persona que estaba a mi lado dijo: ‘Tú no naciste así, dinos la verdad, tú dices que no te violaron pero a ti te violaron'», relata la joven, que intentó en vano reivindicar su orientación.

Este método, conocido como Esfuerzo para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), fue prohibido a finales de julio por el Congreso de Ciudad de México tras años de lucha de organizaciones LGBT+.

Es el primer estado del país en ilegalizar las también llamadas «terapias de conversión» y castigarlas con penas de dos a cinco años de cárcel. Los encuentros son promocionados por organizaciones religiosas o conservadoras que prometen «curar» la homosexualidad y ofrecen consultas para «recuperar la heterosexualidad».

Iván Tagle, quien dirige el colectivo Yaaj, que impulsó la prohibición, vivió una dura experiencia a los 15 años. «Me privan de la libertad durante tres días sin poder comer, sin poder dormir, sin poder tomar agua como práctica en la que se me somete a mucho estrés. Me hacen regresiones, es una tortura psicológica», dice Tagle, de 31 años. 

El activista denuncia que las intervenciones también suelen incluir golpes y abusos sexuales. Emiliano Contreras, de 22 años, fue sometido a presiones de su padre, que lo llevó a Cuba a visitar prostitutas creyendo que así cambiaría su orientación. 

Estos recursos se extienden por el mundo. En julio pasado, Víctor Madrigal-Borloz, experto en el tema, presentó ante Naciones Unidas un informe que señalaba que son comunes en 68 países y muy frecuentes en África, América Latina y Asia, con la usual participación de organizaciones religiosas.  

Además de la prisión, el código penal de Ciudad de México impone de 50 a 100 horas de trabajo comunitario a quien «imparta u obligue a otro a recibir una terapia de conversión«. Los castigos aumentan si la víctima es menor de edad. 

Tras la proscripción de esas acciones en la capital, Tagle busca que se apruebe una medida similar en el Senado para todo el país. 

AFP