Más de 12 000 casos de la COVID-19 se registraron en las cárceles de Perú


Más de 12 000 internos han dado positivo para la COVID-19 en las cárceles de Perú, lo que supone el 44 % de las más de 27 000 pruebas realizadas hasta ahora en prisiones, según anunció este sábado la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra.

El objetivo del Gobierno es realizar pruebas a la totalidad de los más de 90 000 presos que están recluidos en 68 prisiones a lo largo de todo el país y también a los más de 11 000 funcionarios penitenciarios que están a cargo de la seguridad de los mismos centros.

«Hemos tomado alrededor de 27 000 pruebas a la fecha y tenemos 12 294 personas infectadas. Nuestro objetivos son tres: el testeo, pero también el tratamiento farmacológico y la observación clínica», señaló Neyra en declaraciones a RPP Noticias.

Hasta ahora ya han pasado pruebas la totalidad de reclusos de las cárceles de Ancón I, Ancón II y Miguel Castro Castro, todas ellas ubicadas en Lima.

En Castro Castro, escenario en abril de un violento motín que dejó nueve fallecidos, se completaron la pasada semana las pruebas a casi 5 200 presos.

Esta próxima semana se espera concluir el proceso con los reos del la cárcel Callao, conocida como Sarita Colonia, la primera donde se dio un foco de contagio de coronavirus entre la población penitenciaria.

Terapia interna

La ministra comprobó recientemente el inicio de esta serie de pruebas rápidas a 40 funcionarios de la cárcel de Lurigancho, la más poblada de Latinoamérica con más de 9 300 presos y 700 servidores públicos.

Lurigancho ha servido de modelo para importantes cárceles del país con la estrategia emprendida por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de capacitar a los mismos reclusos para que sepan identificar posibles casos de COVID-19 dentro de sus pabellones y derivarlos al área médica.

Allí también se instaló un hospital temporal dentro de uno de los talleres para ser tratados dentro de las mismas instalaciones y evitar trasladar a los reclusos enfermos a los hospitales que ya están colapsados y donde cuesta encontrar una cama libre.

«Uno de los objetivos es realizar las pruebas, pero también hemos trabajado en el tratamiento farmacológico. Dentro de los penales tenemos internos capacitados para detectar y tratar los casos para evitar la propagación. En eso estamos trabajando», explicó Neyra. (EFE)

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