Las características del nuevo pedido de vacancia presidencial y un comparativo con el anterior [ANÁLISIS]

El próximo 31 de octubre, el Pleno del Congreso tenía programado el debate de admisión de un nuevo pedido de vacancia contra Martín Vizcarra. Sin embargo, este miércoles, el presidente del Legislativo, Manuel Merino, anunció una postergación con fecha abierta para la primera semana de noviembre.

Esta moción de vacancia fue presentada por 27 congresistas el pasado 20 de octubre, luego de que el diario El Comercio informara sobre presuntos sobornos que el mandatario habría recibido cuando era gobernador en Moquegua. Los depositantes de estas coimas serían consorcios de empresas que la Fiscalía viene investigando en el caso conocido como ‘Club de la Construcción’.

El procedimiento de vacancia por incapacidad moral que ha emprendido el Parlamento recuerda mucho al de setiembre pasado. El día 10 de ese mes, se había presentado otro pedido igual por los audios que supuestamente relacionaban a Vizcarra con el caso Richard Swing. Pese a que las grabaciones aún no tenían peritaje fiscal, la revelación de entonces motivó a 65 congresistas a impulsar un debate final sobre la opción de destituir al presidente (que no alcanzó a los 87 votos mínimos requeridos).

En este informe, revisamos el contraste en el tratamiento de ambas mociones de vacancia, pues pareciera que la más reciente no avanzaría tanto como la pasada. Y, sin embargo, nada es absolutamente predecible. Analistas consultados para este texto señalan factores que, en esta ocasión, incidirían en los ánimos del Legislativo.

Un pedido menos intenso, pero de resultado impredecible

Si lo comparamos con la moción anterior, este nuevo trámite no ha sido tan expeditivo. En el caso de los audios en los que se oía al presidente conversar con sus trabajadores respecto de los ingresos de Richard ‘Swing’ Cisneros a Palacio de Gobierno, el procedimiento del Congreso fue mucho más rápido: el mismo día en que el parlamentario Édgar Alarcón reveló las grabaciones, un grupo de 32 congresistas presentó la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral y, a la tarde siguiente, el Pleno votó por la admisión. En consecuencia, la votación final se dio siete días después.

La nueva solicitud, en cambio, llega más pausada. Parlamentarios de UPP, Podemos, Frente Amplio, dos de Acción Popular y uno independiente formaron un grupo de 27 para promover esta moción. No obstante, dicha iniciativa se presentó el 20 de octubre, nueve días después de que los medios empezaran a publicar sobre las imputaciones penales contra Vizcarra.

El especialista en análisis político, José Tello Alfaro, precisa que un proceso más lento que el anterior no implica necesariamente que el Congreso vaya a rechazar la admisión de la moción. De hecho, sostiene la alta probabilidad de que los parlamentarios esperen destapes periodísticos que comprometan aún más al presidente.

“La temperatura no es la misma que la que se tuvo en la pasada solicitud de vacancia, y eso está clarísimo. No hemos visto un interés tan intenso por tocar el tema desde el Congreso y solamente se habría puesto en agenda para ver como evolucionan los hechos imputados en los siguientes días. Ahora, de que se descarte o no la posibilidad de consumarse la vacancia, considero que el Congreso es siempre impredecible”, dijo Tello para este artículo.

Ambiente preelectoral, encuestas y la vacancia como opción extrema

Como lo señalamos antes, a diferencia del caso Richard Swing, el nuevo pedido se basa en las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces dentro de una investigación que está a cargo del Equipo Especial del Ministerio Público. De acuerdo con los relatos, Vizcarra recibió coimas a cambio de facilitar proyectos de infraestructura en Moquegua cuando el ahora presidente era gobernador en esa región. Los montos de estos sobornos ascenderían a S/ 1 millón 300 mil de parte del consorcio ICCGSA-Incot por el Hospital de Moquegua y a S/ 1 millón supuestamente recibidos de Obrainsa-Astaldi por la obra Lomas de Ilo.

Entonces, cabe la pregunta: si las imputaciones son más serias, ¿por qué el Congreso actúa con menos intensidad? La politóloga y presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia Pozzi-Escot, coincide en que el argumento para invocar una vacancia se basa en su naturaleza de última ratio, si es que no existen otras vías de sanción contra un presidente [por ejemplo, de ser necesario un proceso en el Poder Judicial, este se podría abrir después de julio, cuando Vizcarra haya dejado el cargo]. En este caso, ya existen instituciones a cargo de determinar la veracidad de los supuestos hechos de gravedad que se señalan sobre Vizcarra y, eventualmente, de administrar justicia por alguna responsabilidad penal.

Urrutia también destaca la influencia que puede tener la opinión ciudadana respecto de una hipotética vacancia. En un reciente estudio de Ipsos, un 78% de personas encuestadas estimó que el presidente debería seguir con su mandato y ser investigado después de este.

“Hemos visto, con las últimas encuestas, que la ciudadanía no está a favor de la vacancia presidencial y, más bien, respalda la continuidad de la institucionalidad. Entonces, la ciudadanía en su mayoría sí considera que es necesario que mantengamos un presidente que lidere al Ejecutivo frente a la crisis que atraviesa el país. Y creo que los congresistas pueden haber hecho una lectura de esa situación. Lo que queda es esperar que, en ese sentido, el Legislativo cumpla con las funciones que la ciudadanía le encomendó, así como, por otro lado, las instancias pertinentes cumplan con las funciones de investigación”, dijo la politóloga.

Pero, al igual que Tello, Urrutia tampoco descarta que el Congreso desista fácilmente del pedido de vacancia. Estima que son evidentes algunos intereses políticos por aplazar las elecciones generales de abril de 2021. “Aquí lo que preocupa, en realidad, es la vinculación del proceso de vacancia con lo que sería el incumplimiento del cronograma electoral. Y yo creo que ahí hay que hacer un llamado a las autoridades para el respeto irrestricto de este”.

La demanda competencial en curso no bloquea jurídicamente el nuevo intento de vacancia (aunque puede que ya exista un desánimo político tras la experiencia anterior)

En setiembre pasado, cuando el Congreso inició el procedimiento de vacancia por los audios sobre Richard Swing, el Ejecutivo recurrió al Tribunal Constitucional para que este delimite si el Legislativo estaba o no actuando dentro de sus competencias. Este proceso competencial sigue pendiente de resolución en el TC. El Congreso aún no responde a la demanda que se admitió el 17 de setiembre y tiene plazo hasta el 11 de noviembre para hacerlo.

En entrevista para este artículo, el ex presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Hani, señaló que el proceso competencial abierto no impide que el Congreso inicie, en paralelo, nuevos trámites de vacancia presidencial. Además, recuerda que el Ejecutivo no ha planteado ninguna medida cautelar para evitar un eventual desenlace desfavorable.

“Ese proceso [competencial] sigue su curso independientemente. Constitucional y reglamentariamente, no hay ningún impedimento para que se tramite una nueva moción de vacancia. Son cosas totalmente distintas y no se ha dictado ninguna medida cautelar ni para suspender la admisión o la votación de la solicitud de la vacancia anterior, y menos para esta. El hecho de que haya una demanda competencial por un caso anterior, no quiere decir que quede congelado el ejercicio de esta prerrogativa por parte del Congreso”, indicó el exmagistrado.

Urviola recuerda, además, que la demanda competencial no busca eliminar la posibilidad de que el Congreso apruebe vacancias presidenciales, sino que se centra en la interpretación y oportunidad de aplicación de la vacancia por incapacidad moral permanente.

En otro momento, le consultamos al especialista si la posibilidad de perder la demanda ante el TC puede influir en los ánimos del Congreso sobre esta nueva moción de vacancia.

“Yo creo que no porque es imposible que el TC se pronuncie antes que el Congreso resuelva esta nueva solicitud de vacancia. Todavía no ha vencido el plazo para contestar la demanda. Después de esa contestación, dentro de los diez días siguientes, el Tribunal podría fijar vista de causa, revisar esa vista de causa y, después de eso, hay 30 días hábiles para que dicte sentencia. Entonces, estamos hablando prácticamente de dos meses y, mientras tanto, la legislatura ya termina. Sin embargo, claro, como discusión aparte, la actuación del Congreso es siempre de carácter político, y a veces se encienden debates con el fin de llamar la atención. Aún así, para concretar objetivos, se necesita reunir votos, y parece que eso no está sucediendo”, señaló.

¿Llegará a última fase?

Tal como lo establece la Constitución Política del Perú, los presidentes de la República solo pueden ser removidos en pleno mandato por medio de una vacancia. La vacancia (artículo 113) solo procede cuando el presidente: (1) fallece; (2) el Congreso declara su permanente incapacidad moral o física; (3) renuncia y el Congreso acepta esa dimisión; (4) sale del país y no vuelve dentro del periodo autorizado por el Congreso; o (5) Incurre en acciones muy específicas que supongan una pérdida de su inmunidad. Estas acciones, previstas en el artículo 117, son el delito de traición a la Patria; el bloqueo de elecciones; la disolución arbitraria e ilegal del Congreso; o el impedimento de que los entes electorales se reúnan o funcionen.

Los pedidos de vacancia presidencial -en este caso, por incapacidad moral permanente- tienen tres etapas. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, primero se requiere que al menos el 20% de congresistas firme una moción. Este 20% equivale a 26. El artículo 89-A de esta norma también precisa que, para el avance de esta moción, es necesario el respaldo mínimo del 40% de parlamentarios. Esto quiere decir que al menos 52 deben admitir el pedido. Una vez admitida, la moción debe evaluarse en el Pleno para decidir definitivamente por su aprobación o rechazo. Esta sesión, en la que se requiere un mínimo de 87 votos (votación calificada no menor de los ⅔ del Pleno),  debe programarse desde los tres hasta los diez días posteriores a la admisión.

El nuevo pedido de vacancia contra Vizcarra se encuentra aún en la primera fase y pasará a la segunda en noviembre.