La prisión preventiva y su aplicación en tiempos de pandemia del nuevo coronavirus [INFORME]

En los últimos años en el Perú, la prisión preventiva se ha convertido en la herramienta legal más empleada por la justicia: busca poner a buen recaudo a las personas investigadas por graves delitos, sin que esto signifique un adelanto de una sentencia judicial.

Hasta julio de 2020, 30 mil 576 personas fueron recluidas por mandatos de prisión preventiva, según un estudio del Instituto Nacional Penitenciario.

Lima es la región que más casos registra de prisión preventiva. El robo agravado, la violación sexual y el tráfico ilícito de drogas son los delitos donde más se aplicó esta medida.

La prisión preventiva afecta la libertad de una persona que es investigada y busca asegurar que concurra a todas las diligencias en las que se encuentre comprendida. Su aplicación se da en la etapa de investigación preparatoria, a pedido de un fiscal y es dictada por un juez, según explica el abogado penalista Carlos Caro.

”La prisión preventiva es una medida absolutamente excepcional y para que proceda se requiere de dos requisitos por un lado graves y fundados elementos de convicción es decir pruebas del delito y por otro lado la existencia de prueba del peligro fuga o el peligro de que el imputado pueda perturbar la actividad probatoria de la fiscalía”, manifestó.

El Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva se concreta cuando existen suficientes elementos de convicción. La pena a imponerse debe superar los cuatro años de prisión y además de que exista peligro de fuga o de obstaculización a la justicia, precisó por su parte el abogado constitucionalista Luciano López.

”En esas circunstancias entonces la fiscalía puede pedirle al juez que dicte una medida que se llama prisión preventiva que consiste en la detención, confinamiento y carcelería para asegurar la presencia del investigado durante el tiempo que dure la investigación en algunos delitos complejos vinculados a organizaciones criminales esta detención puede durar hasta por 36 meses», sostuvo.

La pandemia del nuevo coronavirus generó que los jueces sean muy minuciosos al momento de resolver las solicitudes fiscales de prisión preventiva, tomando en cuenta la salud de los investigados y las condiciones de hacinamiento de internos en los penales del país.

Para la abogada penalista Romy Chang, el Poder judicial debe verificar el estricto cumplimiento de los requisitos para esta medida

”La existencia de estos elementos es necesaria para que proceda esta medida que es sumamente excepcional en el actual contexto de pandemia que venimos atravesando lo que obliga a que el poder judicial verifique el cumplimiento estricto de estos tres requisitos de manera indispensable y obligatoria», precisó

Para procesos comunes, el plazo de la prisión preventiva es de nueve meses y en casos complejos con más personas involucradas puede llegar hasta los 18 meses. En casos de crimen organizado el plazo de esta medida puede ser de hasta de 36 meses.

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