La modificación a la inmunidad parlamentaria como deuda política del Bicentenario [INFORME]

El Congreso de la República aún no zanja el debate sobre cómo modificar las reglas de la inmunidad parlamentaria. Este es un tema de agenda legislativa desde hace años, pero fue con el paquete de proyectos del Ejecutivo para la reforma política que la discusión cobró más notoriedad y frecuencia. Sin embargo, y como lo señalamos en un informe anterior, han pasado más de 15 meses desde la presentación de la propuesta original del Gobierno de Martín Vizcarra y hasta hoy no existe una decisión.

En su mensaje a la Nación por 28 de julio, Vizcarra reiteró que el actual Congreso tiene la deuda de garantizar las reformas políticas -entre ellas, la de la inmunidad parlamentaria- sin «bloquearlas» ni «distorsionarlas». «Podemos llegar al Bicentenario con una democracia fortalecida, con partidos inclusivos y abiertos, y con candidatos probos y sin cuestionamientos», dijo el mandatario ante la sede del Legislativo.

La última polémica sobre la inmunidad de los congresistas se disparó el pasado 5 de julio, cuando 111 integrantes del Pleno votaron a favor de una versión que -sin dictamen- incluye el retiro de la misma protección al presidente de la República y a otros altos funcionarios. Por implicar una reforma a la Constitución, el Pleno debería votar nuevamente para aprobar o rechazar la sorpresiva iniciativa. A propósito de los vicios que la harían inconstitucional, publicamos este análisis.

Para este nuevo artículo, a propósito de la cuenta regresiva hacia el 2021, consultamos con cuatro analistas políticos; dos de ellos, ex integrantes de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Todos coinciden en una lectura gris sobre el futuro cercano de la modificatoria.

Resistencias a cambiar el mecanismo

La inmunidad parlamentaria es una protección constitucional, establecida por el artículo 93 de la Carta Magna, y le alcanza inmediatamente a todo congresista desde que es elegido hasta un mes después de dejar el cargo.

El mecanismo exige que sea el propio Congreso -mediante votación en el Pleno o en la Comisión Permanente- el que determine si un legislador puede perder la prerrogativa para ser enjuiciado o encarcelado en caso se le sentencie o investigue por algún delito. El propósito de la inmunidad es evitar la eventual persecución política de los legisladores, pero -en la práctica- ha sido frecuentemente utilizada para resguardarlos de la Justicia.

Así lo explica Paula Muñoz Chirinos, politóloga, profesora en la Universidad del Pacífico y ex integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política: “Lo que se planteaba [originalmente] era que se restrinja la inmunidad de forma clara para que no cubra delitos comunes cometidos antes de ser electos los congresistas y que, si hubiese algún tipo de delito durante su mandato, el levantamiento de la inmunidad sea evaluado, no por el Congreso, sino por la Corte Suprema. Esto, porque el problema que hemos visto siempre es que el Congreso, en la mayoría de casos, terminaba amparándose en la inmunidad como arma para la impunidad”.

Muñoz señala que lo ideal es que el Congreso retorne al proyecto que debatieron antes de la última versión distorsionada del 5 de julio. Recordemos que, sobre ese texto, el Pleno no había llegado a los 87 votos necesarios para aprobar en primera legislatura. Y fue por eso que el presidente Martín Vizcarra había sugerido un referéndum para que la población peruana decida el destino de la reforma.

Para el analista político Arturo Maldonado Nicho, pese a que la inmunidad parlamentaria fue tema de campaña de varios candidatos al nuevo Congreso tras la disolución, el empuje y la prioridad se fueron diluyendo con el pasar de los meses.

“Había cierto consenso en campaña de que el tema de la inmunidad parlamentaria debía ser cambiado. Pero, lamentablemente, una vez electos [los congresistas] ya no se manifestaba el mismo entusiasmo. Yo diría que, más bien, ahí juegan ciertos liderazgos internos en las bancadas y en los partidos que, de alguna manera, tienen todavía injerencia en el comportamiento de los congresistas transitorios. Honestamente, no veo muchos incentivos para aprobar tan pronto un cambio de ese tipo. Y, aun si se lograra, podría darse una reforma con muchas distancias de la propuesta original”, explicó Maldonado para este texto.

Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo y ex presidente de la Comisión para la Reforma Política, también sostiene que es muy probable retornar a un punto inicial con la propuesta sobre la inmunidad parlamentaria. Esto, porque ya varias bancadas del Parlamento han declarado su rechazo al proyecto que quedó en cola de segunda votación.

“El Congreso ya tiene un mensaje claro. Se está rechazando [la última versión]. Considero que debiera de tener otra propuesta que realmente permita una inmunidad parlamentaria -que todavía debiera mantenerse- pero con los ajustes que nosotros presentamos a través de la Comisión de la reforma”, dijo Tuesta.

¿Será un tema a ‘arrastrar’ hasta pasadas las elecciones de 2021?

Es importante resaltar que, de todas las propuestas de reforma política, la de la inmunidad parlamentaria no tiene incidencia en el proceso electoral. No obstante, el hecho de que en julio de 2021 ingrese un nuevo Congreso y un nuevo Gobierno abriría mayor incertidumbre sobre la aprobación. ¿Dejarlo en cero o ganarle al tiempo y producir la norma?

La analista política y presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia Pozzi-Escot, todo dependerá de la gestión de prioridades del Congreso y del manejo del diálogo del Ejecutivo.

“Yo lo veo muy complejo, precisamente porque [la reforma política en general] es una agenda del Ejecutivo que busca, digamos, dialogar con el Legislativo, y el Ejecutivo no tiene partido. Quizás no se produzcan consensos absolutos, pero creo que la apuesta es generar avances en puntos clave, como el de la inmunidad”, refirió Urrutia.

El último viernes, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chehade, declaró por RPP sobre el polémico proyecto pre-aprobado en la última legislatura. El parlamentario señaló que el Pleno tendría hasta diciembre de este año para resolver -mediante la segunda votación pendiente- si aquella propuesta se aprueba o se rechaza. “Sobre el tema de la inmunidad no hay ninguna demora. Es una reforma constitucional y debe haber una reflexión entre la primera y segunda votación. El leit motiv para que haya dos votaciones en dos legislaturas consecutivas ordinarias es para que, entre una y otra, haya una reflexión para ver si se confirma en una segunda votación lo aprobado en la primera o si simplemente se da marcha atrás”, declaró el legislador.

Varias semanas atrás, el presidente de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema, el juez Francisco Távara, se presentó ante la comisión homónima del Legislativo para discutir sobre los alcances de la referida protección constitucional. Estimó que esta debería mantenerse, pero con la adición de varios ajustes. Por ejemplo, sugirió que la prerrogativa se active solo cuando el congresista ya haya sido proclamado como tal y que toda investigación fiscal en su contra continúe su curso regular mientras esta haya iniciado antes de la juramentación.

El debate sigue abierto.