Contraloría advierte que infracciones por declaración jurada de intereses de autoridades podrían queden sin sanción

La Contraloría General de la República expresó su preocupación por varios aspectos del texto sustitutorio publicado por la Comisión de Fiscalización sobre el proyecto de ley que faculta a la Contraloría para el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.

A través de una carta dirigida al presidente del Congreso, Manuel Merino, el contralor general, Nelson Shack, calificó de «grave» la incorporación de un artículo (artículo 14 del texto sustitutorio) que señala que las infracciones administrativas son de aplicación dentro de las sanciones que regulan «el régimen que corresponde a cada sujeto obligado».

«Dicho artículo, en caso de ser aprobado así, podría ser declarado inconstitucional por incumplir lo dispuesto en sendas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en la cual se indica que las conductas infractoras deben estar tipificadas de manera taxativa en una norma con rango de ley y no en un reglamento», señala.

En el escrito, el contralor consideró que, en caso de ser aprobado, el proyecto de ley podría ser declarado inconstitucional por no ajustarse a sentencias del Tribunal Constitucional. Además, advirtió un riesgo en el hecho de que el texto sustitutorio establezca que las propias entidades a las que pertenecen los servidores obligados sean las encargadas de aplicar estas sanciones.

«Según la propuesta, las propias entidades a las que pertenecen los sujetos obligados serían las encargadas de aplicar las sanciones y procedimientos correspondientes. Ello en la práctica podría acarrear los problemas que se generan para sancionar inconductas funcionales en cada entidad que ya todos conocemos», sostuvo el contralor.

Shack también mencionó que el texto sustitutorio eliminó una disposición -inicialmente planteada- en la que se tipificaban las conductas consideradas como infracciones, las cuales establecían responsabilidades administrativas a los sujetos obligados, así como también la referencia a que estas eran impuestas conforme a lo regulado por las leyes de la Contraloría.

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