Chile se encamina por más del 77,6 % a reemplazar la Constitución de Augusto Pinochet

Con más del 25 % de los votos escrutados y con una tendencia que se antoja irreversible, Chile decidió este domingo por un aplastante 77,6 % reemplazar la actual Constitución, redactada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), informó la autoridad electoral.

Sobre el órgano que debe escribir el nuevo texto, la otra pregunta que se planteó en la histórica votación, se impone con un 78,8 % la opción de la convención constitucional, paritaria e integrada solo por ciudadanos electos para ese fin.

Más de 14,7 millones de chilenos estaban llamados a votar. Con mascarillas y la esperanza de un cambio, se observaron largas filas en los centros de votación, donde el proceso transcurrió sin incidentes y con los resguardos sanitarios para evitar contagios de coronarivus.

El plebiscito ha estado marcado por la posibilidad de cambios que abre este inédito proceso electoral, decidido tras un amplio acuerdo político alcanzado en noviembre del año pasado, casi un mes después del inicio, el 18 de octubre de 2019, de las protestas sociales y enfrentamientos violentos con la Policía tras el alza en la tarifa del Metro de Santiago.

La elección se realiza justo un año después de que tuviera lugar, el 25 de octubre de 2019, la mayor marcha realizada en democracia. Más de 1,2 millones de personas se reunieron en torno a la Plaza Italia de Santiago, una demostración de la profundidad y amplitud del descontento social acumulado en décadas en un país considerado un modelo de crecimiento económico y estabilidad en América Latina.

«A un año del estallido social es la primera oportunidad real que tenemos para hacer los cambios necesarios para mejorar la salud, la educación; para tener una sociedad más igualitaria», dijo Pilar Matus, una profesora de 47 años que participó en esa gran marcha.

La madre de la injusticia

Un año después del inicio de las protestas, Chile se juega en las urnas la posibilidad de cambiar la Constitución redactada en 1980 y sepultar definitivamente la sombra de la dictadura de Pinochet, resolviendo por la vía pacífica los problemas de inequidad y exclusiones que detonaron el «estallido social» de octubre. 

Para un amplio sector de la población, la Constitución de 1980 es la madre de las desigualdades de Chile. Si bien la carta magna no establece la privatización de sectores básicos, como la salud o la educación, fomenta la participación de los privados y reduce el tamaño del Estado.

Pero para los detractores del proceso, un cambio a la Constitución podría minar la salud de la economía y el desarrollo social.

«Un primer propósito de este proceso constituyente es dejar atrás la sombra de la dictadura de Pinochet (…) elaborada bajo el uso de la fuerza», explicó Marcelo Mella, politólogo de la Universidad de Santiago.

El segundo objetivo, agregó Mella, es «poder resolver por la vía política y pacífica los problemas que se han transformado en estructurales», como la desigualdad y la exclusión.

Además de elegir entre «Apruebo» y «Rechazo», los electores también definían el órgano que redactará la eventual nueva Constitución: una «Convención Mixta», compuesta por 172 miembros, distribuida a partes iguales entre ciudadanos electos y parlamentarios en ejercicio, o una «Convención Constitucional», de 155 miembros, en la cual todos sus integrantes deben ser elegidos popularmente.

(EFE/AFP)